Impacto del Coronavirus en la Actividad Económica - Continuación


 

Continuamos con esta serie de entregas, dedicadas a exponer la nueva realidad superviniente a partir de la llegada del COVID-19, reflexionando y analizando los impactos que la misma tendrá en la actividad económica, con sus lógicas consecuencias sociales, trascendiendo lo estrictamente sanitario.

En nuestra entrega anterior, comentábamos someramente las primeras medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, relativas al acceso al crédito para determinadas empresas  y a seguros de desempleo, y diferimiento del pago de impuestos a empresas unipersonales, y unidades micro productivas,  básicamente.

Al momento de redactar la presente, se sabe que habrá anuncios complementarios para Monotributistas, cuenta propistas y otros grupos de trabajadores que han sido particularmente golpeados por la inactividad derivada del aislamiento social sugerido debido a la pandemia que azota al mundo entero, pero los mismos no han sido efectuados.

Mencionábamos la importancia crucial de tener acceso al crédito para solventar la asfixia financiera derivada de la caída en la actividad, y, por ende, en el flujo de fondos de las empresas, dados los compromisos contraídos, sin la recaudación habitual. Esa situación ponía en riesgo la continuidad de la cadena de pagos, y con esta medida se busca su continuidad.

También mencionábamos el reducido margen de acción, dada la fuerte restricción presupuestaria. El déficit fiscal a febrero/2020 llegó al 5% del PIB, empeorando con respecto a las mediciones anteriores.

A dicha situación, se le debe agregar que la caída de la actividad, y las propias medidas adoptadas, hacen que a partir de marzo se produzca una caída en la recaudación, al tiempo que se debieron aumentar significativamente los gastos, producto del COVID-19, ya que se debió dar el amparo estatal a aquellos más vulnerables y más perjudicados por la crisis sanitaria, sin contar con el lógico aumento del gasto en el área sanitaria.

Posteriormente, se anunció la creación de un Fondo Coronavirus, que se nutrirá de donaciones, utilidades del BROU, y la CND,  además de las empresas públicas. Un aporte novedoso lo constituye un gravamen por dos meses a los sueldos públicos y las jubilaciones (todas) que exceden los 80.000 líquidos, especialmente los cargos políticos, que se gravan a la mayor  tasa (las tasas van del 5% al 20%, en tramos incrementales de a 5%).

Esta medida es más simbólica que efectiva, puesto que se estiman recaudar 15 millones de dólares, cuando las necesidades son muchísimo mayores, pero representa un mensaje claro de que todos los que pueden, deben colaborar en esta situación totalmente excepcional.

También hay acceso a créditos de organismos multilaterales de crédito (BID, FMI, Banco Mundial) ya pre aprobados a estos efectos, a los cuales necesariamente se deberá recurrir, en aceptables condiciones en cuanto refiere al ala tasa de interés.

Terminábamos diciendo que inevitablemente en el primer semestre, la economía uruguaya se moverá en un escenario recesivo. Particularmente, el segundo trimestre mostrará una caída del producto del orden de no menos del 3% (algunos analistas hasta hablan de un 4%).

En estas circunstancias, una economía golpeada como la uruguaya, que viene atravesando una fase de pronunciado estancamiento desde ya cinco años (en 2019, apenas creció 0,2%), y con indicadores preocupantes (en 2019 aumentó la pobreza a 8, 8% y la indigencia se duplicó, a 0,2%, o sea que el 9% de la población era pobre o indigente a fin de 2019, antes que surgiera esta pandemia que agudizará sin dudas esos problemas sociales).

Entonces, en momentos de librar la batalla, tanto sanitaria como económica,  para salir lo menos dañados que sea posible, es necesario asumir que habrá bajas, y daños colaterales.

Ejemplos: No se puede no aumentar el gasto en esta circunstancia y por más que se logre financiar buena parte, probablemente, aumente el déficit fiscal (éste es el daño colateral); no se puede restringir el crédito, lo cual probablemente influya en un aumento de la inflación (otro daño colateral).

Otro daño colateral sería perder el grado inversor que otorgan las calificadoras de riesgo, aunque quizás puedan ser contemplativas con la situación, y le den tiempo a la economía uruguaya, y con él,  la oportunidad de recuperarse.

Habrá que postergar los objetivos de reducir tanto uno como la otra.

En cuanto al escenario recesivo que inevitablemente sobrevendrá, cabe preguntarse cuan duro será, y, sobre todo cuánto durará, antes de comenzar la recuperación.

El mejor escenario sería aquel cuya gráfica tenga forma de V, o sea que tras la caída, se produzca una rápida recuperación.  En este escenario, a fin de año (quizás en el cuarto trimestre ya se pueda observar la recuperación) habrá pasado lo peor, y la economía se podrá dedicar a los objetivos postergados.

Un escenario intermedio sería aquel cuya curva se asemeje a una U, en el cual, se demora un poco más en procesar la recuperación, transitando por un período complicado (el tramo horizontal, tras la caída, antes que se comience a observar el crecimiento). En este caso, la recuperación vendría en el primer semestre de 2021, dependiendo de la evolución si con más énfasis en el primer o en el segundo trimestre.

El peor escenario sería aquel cuya curva sea una L, en que tras la caída, no hay una rápida reactivación, y permanece en niveles bajos del producto, seguramente con altos valores de desempleo e inflación. En este caso estaríamos hablando de un 2021 también recesivo, con una recuperación, en el mejor de los casos, en el cuarto trimestre de 2021, o, directamente, en 2022.

No creemos que éste último escenario posible se configure en la realidad.

Obviamente deseamos el primero, pero no podemos descartar el segundo.

Habrá que aguardar los acontecimientos para ir evaluando a medida que los mismos se vayan observando.

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